The national government is advancing the review of a draft decree that would significantly expand the scope of postal payment services in Colombia, allowing postal operators to manage user funds through accounts similar to savings accounts. The initiative, led by the Ministry of Facts Technologies and Communications (MinTIC), is in the analysis stage and has opened a debate in the financial sector, even within the Financial superintendency, about the limits between postal services and the activities of the formal financial system, as well as the risks associated with capturing public resources outside the customary perimeter of supervision.
As of this edition’s closing, the Ministry of ICT had not commented on the matter.
The regulatory project proposes adding a new chapter to Decree 1078 of 2015, with the aim of enabling Postal Payment Service Operators to offer payment order services, deposit order services, and postal transfer services. Under this scheme, postal companies could receive funds from users, safeguard them and transfer them according to the instructions given by customers, through so-called postal accounts.
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According to the draft,the amounts deposited in these accounts could only be used to execute payment or transfer orders defined by users. The text expressly states that these resources cannot be used to grant loans, carry out financial operations or develop activities of the financial system. The intention, according to the document, is to maintain a restricted use of funds, limited to the provision of postal payment services.
The decree also sets a series of prohibitions and obligations for operators. Among them is the impossibility of making transfers without a recipient
n el gremio, la iniciativa abriría la puerta para que entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera ni por la Superintendencia de Economía solidaria realicen actividades propias del sector financiero, generando un “vacío legal relevante”.
Uno de los puntos más críticos señalados por los gremios es que, de expedirse el decreto en los términos actuales, las cuentas postales no contarían con seguro de depósito, a diferencia de los productos del sistema financiero tradicional.
Las personas recibiran cuatro pagos. Foto:iStock
Asobancaria advirtió que el esquema propuesto daría lugar a un arbitraje regulatorio, dado que los requerimientos para esta nueva actividad serían más laxos en aspectos como gestión de riesgos, adopción de medidas para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, y mecanismos de intervención oportuna ante contingencias.En este escenario, el gremio señaló que, en ausencia de una supervisión adecuada, el riesgo recaería directamente sobre el ciudadano.
El gremio también destacó que, de expedirse el decreto en los términos actuales, las cuentas postales no contarían con seguro de depósito y los operadores no tendrían requerimientos patrimoniales equivalentes a los exigidos a las entidades financieras, lo que incrementaría el riesgo de pérdida de los recursos de los usuarios. Adicionalmente, recordó que el Banco de la República ha advertido que esta iniciativa podría afectar el desarrollo de los pagos inmediatos en el país, en particular el avance de Bre-B, al fragmentar el ecosistema de pagos e incentivar el uso del efectivo.
Según Asobancaria, esta fragmentación no solo distorsionaría la competencia, sino que también debilitaría la confianza del público en el ecosistema financiero. La Superintendencia Financiera, de acuerdo con el gremio, comparte la preocupación frente a los riesgos de liquidez, operacionales y de lavado de activos asociados a la propuesta normativa. En ese contexto, Asobancaria solicitó al Gobierno nacional abstenerse de expedir el decreto, al considerar que su implementación sería inconveniente para el país.
Pagos inmediatos celular Foto:Nuek
Lo que dice el decreto
Como el borrador del decreto adiciona un nuevo capítulo al Decreto 1078 de 2015 para habilitar además del giro en efectivo, las modalidades de Giro de Pago, Giro de Depósito y Transferencia Postal, mediante el uso exclusivo de la infraestructura postal.
Aunque el texto establece obligaciones en materia de topes, separación de recursos, mecanismos de garantía y prevención de riesgos, los gremios consideran que estas medidas no sustituyen un esquema de supervisión financiera plena, ni equiparan los estándares prudenciales exigidos a las entidades que hoy captan ahorro del público.
A su turno, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Postales, Asopostal rechazó las afirmaciones de los gremios del sector financiero, solidario y Fintech.
El presidente de Asopostal, Juan Andrés Carreño, recordó que los operadores postales de pago están sometidos a licenciamiento, vigilancia y control permanente del Gobierno Nacional, además controles de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
“La reglamentación propuesta no crea cuentas de ahorro bancarias ni habilita actividades de intermediación financiera, sino que desarrolla servicios postales de pago ya previstos en la ley y avalados por la Corte Constitucional”, dijo, además apuntó que el proyecto, establece exigencias adicionales para los operadores que deseen prestar estos servicios, incluyendo mecanismos de garantía, monitoreo permanente de transacciones, cumplimiento de topes y plazos, y obligaciones reforzadas de reporte de información.
El directivo señaló que “los operadores postales de pago aplican esquemas de control equivalentes a los del sector financiero,han sido clasificados dentro de este sector en las Evaluaciones Nacionales de Riesgo y cumplen con obligaciones como SARLAFT,SAGRILAFT y programas de transparencia y ética empresarial.”.
En ese sentido,Asopostal afirmó que el proyecto de decreto del MinTIC cuenta con fundamento constitucional y legal.
“La iniciativa fortalece la inclusión en territorios donde no existe presencia de otros actores”,apuntó y además destacó que opera bajo un marco regulatorio robusto en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
“Este es un sector sólido, con una red de 52 mil puntos que atiende la Colombia profunda y es el más regulado y con un sistema muy robusto y amplía el acceso a servicios para millones de colombianos por fuera del sistema financiero tradicional”, señaló.
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